El Ayuntamiento ha iniciado, a través de la Unidad de Control del Padrón, un nuevo proceso de restablecimiento de la legalidad contra el propietario de dichas infraestructuras, concediéndole un plazo de quince días para la formulación de alegaciones, tras el cual se dictará la correspondiente orden de demolición, a costa y cargo del infractor

Desde su puesta en marcha, este órgano ha realizado 687 requerimientos a propietarios y residentes, iniciándose 303 expedientes de baja de oficio y generándose 239 cambios de domicilio, además de 83 altas, identificándose, por parte de la policía local, a más de 1.400 personas residentes en los domicilios sometidos a información o comprobación previa

Belén Pérez, edil del Padrón: “El pasado mes de mayo, anunciamos que este órgano había puesto en el disparadero a propietarios de numerosos trasteros ubicados en azoteas reconvertidos en infraviviendas. Desde entonces, han sido dictadas varias órdenes de demolición. No vamos a tener contemplaciones para aquellos infractores en relación a la ordenanza y que no tienen miramientos a la hora de hacinar a personas sin las necesarias condiciones de habitabilidad”

Lorca, 5 de agosto de 2025. La edil del Padrón del Ayuntamiento de Lorca, Belén Pérez, ha anunciado, en la mañana de este martes, nuevas y destacadas actuaciones llevadas a cabo por parte de la Unidad de Control del Padrón, un servicio pionero puesto en marcha por el Gobierno de Lorca, con el alcalde, Fulgencio Gil a la cabeza, que continúa dando pasos firmes en su lucha contra la infravivienda en Lorca, combatiendo el fraude en relación al Padrón de habitantes, adecuándolo a la realidad del municipio y respondiendo con ello a las demandas de toda una ciudad, dejando atrás el modelo de ciudad dormitorio al que estaba sometido nuestro municipio.

Según ha trasladado la concejal “se ha iniciado un proceso de restablecimiento de la legalidad a un propietario que ha convertido dos naves agrícolas ubicadas en una pedanía de nuestra localidad en -nada más y nada menos- que en siete infraviviendas. A partir de ahora, el dueño tiene un plazo de quince días para formular las alegaciones que considere pertinentes. Una vez resueltas, se iniciará un proceso de ejecución forzosa, ordenándose la demolición voluntaria por parte de dicho propietario de estos inmuebles”.

“Será entonces cuando entren en vigor los 30 días que se conceden a los infractores para llevar a cabo dicha tarea de forma voluntaria. En caso de incumplimiento, será el propio Ayuntamiento el que actúe de forma subsidiaria y a su costa”.

“No podemos permitir estas situaciones. Las personas son lo primero y todos aquellos que cometan este tipo de infracciones, serán perseguidos. Ya anunciamos el pasado mes de mayo que el Ayuntamiento había puesto en ‘el disparadero’ a los propietarios de numerosos trasteros ubicados en azoteas de edificios reconvertidos en viviendas que incumplían condiciones mínimas de habitabilidad; y las actuaciones y el trabajo conjunto de todas las áreas que integran este órgano transversal (con agentes coordinados de distintas áreas y servicios municipales, pero también con Delegación del Gobierno o Agencia Tributaria, entre otros) continúan con paso firme”.

La edil ha querido destacar, además, la importancia que tiene que desde el Consistorio “se lleve a cabo la inscripción en el Registro de la Propiedad de la resolución administrativa por la que se ordena la demolición de una infravivienda en cuestión, de tal manera que cuando una persona, el propietario, quiera transmitir ese inmueble lo hace con la carga, protegiendo con ello a terceros adquirentes de buena fe”.

También ha recordado que “la Unidad cuenta con un número de WhatsApp puesto a disposición de la ciudadanía que le permite poder recibir comunicaciones de forma anónima (608 87 72 04), “por lo que animo a los lorquinos a seguir colaborando en la lucha contra los fraudes cometidos en relación al Padrón Municipal”.

“Esta es una apuesta absoluta de este equipo de Gobierno y seguirán llegando sanciones para todos aquellos que incumplan sus obligaciones en relación al Padrón. Lo venimos diciendo desde hace tiempo: buscamos es que el empadronamiento fraudulento sea tipificado específicamente como delito en el ordenamiento jurídico español, contemplando penas de privación de libertad y sanciones económicas, procesando a quienes se lucran con estas prácticas y a quienes participen en su comisión”.


--Unidad de Control del Padrón en cifras--

Desde la puesta en marcha de este Órgano, se han iniciado 465 expedientes de comprobación. Esto se traduce en 687 requerimientos a propietarios y residentes, iniciándose 303 expedientes de baja de oficio y generándose 239 cambios de domicilio, además de 83 altas, identificándose, por parte de la policía local, a más de 1.400 personas residentes en los domicilios sometidos a información o comprobación previa, y no habiendo podido hacerlo con más de 340 personas por no residir en los domicilios donde figuran empadronados.

En cuanto a los expedientes sancionadores, precisamente, están en proceso de actualización, “por lo que la cifra podrá aportarse próximamente”, ha concluido Belén Pérez.